The New York Times
21 de febrero de 2017
por Vanessa Barbara
Contributing opinion writer
SÃO PAULO, Brasil — Por lo menos 70 pueblos o ciudades en ocho estados de Brasil han cancelado las festividades del carnaval este año porque están sufriendo la peor recesión del país en la historia reciente.
El alcalde de Taquari, en Rio Grande do Sul, ha decidido usar el dinero que se habría destinado a las celebraciones para acortar las filas de espera en los hospitales públicos, además de financiar un proyecto para niños con necesidades especiales. El año pasado, la ciudad de Guaraí, en Tocantins, canceló las celebraciones de fin de año para renovar dos escuelas públicas mientras que en Porto Ferreira, un pequeño pueblo del estado de São Paulo, la asamblea local votó a favor de cancelar el carnaval y utilizar el dinero para comprar una nueva ambulancia.
Esta no es una fábula moralista acerca de malgastar desmesuradamente los fondos públicos y el deber de ayudar a los niños pobres en vez de celebrar con un disfraz de bebé gigante. Pero sí me parece extraordinario que en medio de la recesión nacional, la región que parece estar en peor estado es Río de Janeiro, donde el año pasado se llevaron a cabo las olimpiadas con bombo y platillo y donde hubo un aumento invaluable de turistas, según el gobierno.
Ahora tanto la ciudad como el estado de Río están en problemas. El nuevo alcalde está proyectando un déficit de casi mil millones de dólares este año, y se espera que el presupuesto estatal tenga un déficit de más de 6 mil millones de dólares. El estado también debe 10 mil millones de dólares en préstamos garantizados por el gobierno federal.
Hace casi dos años, el gobierno estatal comenzó a retrasar el pago de los salarios de los servidores públicos, así como los cheques de las pensiones. Actualmente los servidores públicos, como los profesores de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, están recibiendo parte de su sueldo de diciembre, sin expectativa alguna de que les llegue un bono de fin de año. Hay muchos reportes de empleados estatales que no tienen el dinero suficiente para pagar la renta o comprar alimentos. Los hospitales estatales ya tienen tiempo sin poder comprar equipos o suministros ni pagar salarios. El presupuesto de educación también ha sufrido recortes. Incluso los oficiales de policía y bomberos han amenazado con irse a huelga a causa de la tardanza en los pagos.
El desastre presupuestal en Río podría atribuirse a muchos factores, como la caída en los precios del petróleo, la expansión de la nómina del gobierno y la recesión general, pero no hay duda de que los gastos imprudentes por el mundial de fútbol y las olimpiadas contribuyeron al problema. La ciudad de Río tendrá que pagar las deudas que ha acumulado durante años mientras se ocupa del mantenimiento de los estadios que construyó.
Como resultado, el gobernador de Río busca aprobar más de veinte medidas de austeridad. Parece haber decidido que la población también se unió a la fiesta y ahora quiere dividir el costo de las cervezas. Las medidas incluyen reducciones de salarios y obligaciones de seguro social más altas para servidores públicos, así como incrementos en los impuestos, un aumento al costo del transporte público y el fin de muchos programas sociales como subsidios de renta para indigentes. El estado también ha señalado que venderá el departamento de suministro público de agua y saneamiento a inversionistas privados.
Mientras tanto, sigue otorgando significativas exenciones fiscales a empresas de telefonía y otros negocios. De acuerdo con un informe de la Agência Pública, una agencia brasileña de periodismo de investigación, 50 empresas recibieron exenciones fiscales entre 2007 y 2010. Estas incluyen a marcas de joyería de lujo así como salones de belleza y de masajes. Otras son tiendas en línea que apenas generan empleos. Existen las sospechas de que estas empresas han dado grandes donaciones a campañas políticas. La Procuraduría Federal está investigando si algunas de las exenciones fiscales que se otorgaron a empresas de joyería están relacionadas con el lavado de dinero.
Desde luego, los cariocas están saliendo a manifestarse en las calles y la policía los recibe con los amables gestos de siempre. En diciembre, oficiales de policía entraron a una iglesia cerca del edificio legislativo estatal y dispararon balas de goma a manifestantes desde una ventana (a los oficiales tampoco les han pagado). A principios de febrero, incendiaron un autobús y lo detonaron en el centro de la ciudad. El mismo día, un oficial de la policía civil le disparó a la policía antidisturbios durante una protesta. Los trabajadores sanitarios están en huelga. Hay más manifestaciones programadas para las próximas semanas. La semana pasada 9000 soldados del ejército fueron desplegados para patrullar las calles de Río, donde podrían quedarse hasta marzo.
Además del revuelo en las calles, hace unos meses dos exgobernadores del estado de Río fueron arrestados bajo cargos de corrupción y fraude electoral. Anthony Garotinho es sospechoso de intentar amañar las votaciones y Sergio Cabral, cuyo mandato terminó en 2014, es acusado de exigir 64 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos de infraestructura para el mundial y otros proyectos.
Tan solo seis meses después del mega evento, el Parque Olímpico de Río de Janeiro parece un pueblo fantasma; los visitantes dicen que la piscina está llena de lodo. El Maracaná está dañado y abandonado por completo. El Parque Olímpico de Deodoro está cerrado, a pesar de que la piscina y las instalaciones debían estar abiertas al público. La bahía de Guanabara, donde se organizaron eventos acuáticos, aún está contaminada. La euforia de las olimpiadas definitivamente se acabó, mientras las pensiones y los salarios siguen sin llegar y los oficiales de policía pelean entre sí en las calles.
Pero los turistas no tienen de qué preocuparse: todavía está garantizado el Carnaval de Río.
Corrección: Una versión anterior de esta columna incluía información no actualizada sobre las ciudades brasileñas que estaban pensando en cancelar el carnaval. Este año, se estima que casi 70 ciudades brasileñas han decidido no participar en las festividades del carnaval, la referencia de 48 ciudades era para el 2016. El artículo también tenía información errónea sobre el año en el que la ciudad de Porto Ferreira optó por comprar una ambulancia en vez de incurrir en costos del carnaval, fue en 2016 y no este año.